Estafa ganadera bajo la lupa: investigan una maniobra con más de 1.100 cabezas y cheques sin fondo

La Justicia investiga una presunta estafa ganadera de gran magnitud que habría involucrado la venta de más de 1.100 cabezas de hacienda por un valor cercano a los 800 millones de pesos. La causa se tramitó en la Fiscalía de General Pico, La Pampa, y tuvo derivaciones en Córdoba y San Luis, con allanamientos, secuestro de animales y personas imputadas.

El fiscal adjunto de General Pico, Matías Juan, explicó en MercadoVisión que la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la firma San Jorge Cereales y Hacienda, de Rancul, integrada por los hermanos Ingaramo y Viano. Según detalló, entre agosto de 2024 y marzo de 2025 la empresa realizó operaciones de venta de ganado a la firma San Pablo Oeste, representada por Iván Fiorini y Ana Paula Courreges, por un total de 1.133 animales que no fueron abonados.

“Los pagos se hicieron mediante cheques electrónicos que fueron rechazados sistemáticamente por falta de fondos. Nunca se restituyó el dinero ni la hacienda”, señaló el fiscal.

Juan indicó que Fiorini y Courreges fueron imputados por el delito de estafa, estuvieron detenidos con prisión domiciliaria durante tres meses y luego recuperaron la libertad bajo medidas restrictivas. La causa continuó con el seguimiento del destino de los animales, a partir de información aportada por el Senasa y por la parte querellante.

“Detectamos movimientos sospechosos de esa hacienda hacia un campo en Chaján, Córdoba, y solicitamos un allanamiento para recuperar los animales y hacer cesar los efectos del delito”, sostuvo.

Durante el procedimiento, realizado con orden judicial, se secuestraron 1.060 animales en un feedlot propiedad de Carlos J. Lanser. Según la Fiscalía, la identificación se realizó mediante caravanas, pelaje y características físicas, con participación de los damnificados. Los animales fueron trasladados como depósito judicial a un establecimiento rural en Fortuna, provincia de San Luis.

“Se recuperó casi la totalidad de la hacienda denunciada y la causa sigue abierta, con dos imputados y la posible incorporación de un tercero”, afirmó Juan, en Canal Rural.

Por su parte, Carlos Lanser también habló en el programa MercadoVisión y negó las acusaciones y cuestionó duramente el procedimiento. Aseguró que el allanamiento fue irregular y que la hacienda secuestrada le pertenecía.

“No se verificaron caravanas ni marcas. Se cargó hacienda al azar y se violó la propiedad privada. Tenemos toda la documentación respaldatoria”, sostuvo el consignatario, quien afirmó haber sido también damnificado por la firma San Pablo Oeste por una suma cercana a los 700 millones de pesos.

Desde el Gobierno de Córdoba, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros respaldó el accionar policial y remarcó que la fuerza actuó bajo estrictas órdenes judiciales.

“La policía no evalúa ni interpreta, cumple una orden judicial. El procedimiento fue dispuesto por jueces de La Pampa y Río Cuarto”, expresó en Canal Rural.

La causa continúa en etapa de investigación, con versiones contrapuestas y definiciones pendientes en sede judicial. El caso genera fuerte impacto en el sector ganadero, donde la confianza comercial resulta un factor clave para el normal desarrollo de la actividad.