Los problemas del país no se solucionan con demagogia

Derechos de exportación

Los derechos de exportación son un elemento distorsivo de los mercados que castigan a los productores argentinos desde hace décadas.

• Entre otras razones porque no discriminan respecto de la capacidad contributiva de quienes las aportan. Las pagan todos por igual. Ganen o pierdan en el resultado de su explotación.

• Adicionalmente en el caso de nuestro país, por las características que tiene el mercado de granos y la mayoritaria participación de la exportación en el mismo, los derechos de exportación se convierten en un impuesto a la producción ya que al ser este sector de la demanda (LA EXPORTACIÓN-sea de grano sin procesar o procesado) el que predomina en la definición del precio, este tributo lo pagan tanto quienes venden su mercadería a los exportadores como quienes se la venden
a la industria interna (caso molinería o ind. avícola, etc). De esta manera se convierte en un subsidio, que en teoría debería llegar al consumidor pero que en la práctica se queda en el eslabón de transformación. A ello se ha sumado el sistema de
“fideicomisos”, sistema vigente para la industria aceitera entre 2009 y 2016 y luego entre 2020 y la actualidad, sistema que ahora se quiere implementar para el trigo y el maíz.

• El mercado es uno solo.

• En su momento el “campo” aceptó los derechos de exportación (crisis de 2001/02) y repitió la misma equivocada decisión con Mauricio Macri en setiembre de 2018, siempre justificada por la difícil situación que atravesaba el país¨, como si el campo fuera el responsable de tal situación. Hoy plantearse revertir la misma de manera inmediata es “demagogia barata” para la política y desconocer la realidad para quienes lo pretenden desde dentro de la actividad.  Sin embargo, es necesario recordarle a la dirigencia y a la sociedad en su conjunto que el aporte del campo a la solución de “la difícil situación” que atravesaba el país desde 2002 a la fecha, fue de casi 1 cosecha cada tres producidas y el país sigue atravesando “una difícil situación” con administradores que no supieron manejarla y siguen sin asumir sus propias responsabilidades.

• En general, también suele considerarse a los derechos de exportación como una herramienta de la política cambiaria. Se los establece con un tipo de cambio alto, que luego se va diluyendo entre otras cosas por la inflación, y los derechos de exportación se mantienen confirmándose que no son más que pura y exclusivamente una herramienta de política fiscal para cualquiera de los gobiernos nacionales de cualquier color político. Téngase en cuenta, además, que los derechos de exportación no son coparticipables, por lo tanto, no solo son recursos que se extraen directamente a los productores, sino que además se transforman en una quita de recursos a las economías provinciales. Recursos que el Poder Ejecutivo nacional distribuye de manera discrecional entre sus “amigos políticos”.

Los derechos de exportación son realmente un impuesto a la producción que no debieran existir en la Argentina. No existen en ningún país del mundo para productos que por su importancia sean la base de su economía. Aclarando esto para que no queden dudas vamos a la realidad actual de nuestro país.

El contexto argentino

Actualmente, según algunas estimaciones, nuestro país cuenta con más de 24 millones de pagos del estado. Atrás de esos números hay personas, muchas de las cuales conforman un nivel de pobreza que según los últimos datos supera el 40 %, es decir nuestra Argentina cuenta con más de 22 millones de pobres.

La Argentina mantiene un nivel de estancamiento de su economía que ya sobrepasa la década, con exportaciones que están por debajo del 2011 y con una creciente pobreza que ya se acerca al 50% de su población. Con un nivel de desocupación muy inferior al de pobreza, con lo que se confirma que muchos trabajadores tienen sueldos que no les evita estar dentro de los considerados pobres. Y con asalariados que ganan por debajo del salario necesario para vivir dignamente y que pagan impuesto a las ganancias (4ª categoría). La Argentina, un país con creciente desigualdad social, cultural, económica. Un país “partido. Un país quebrado, social y económicamente, en que la política está cada vez más lejos de las necesidades de sus habitantes. Sin justicia, sin educación, salud y seguridad que debieran ser adecuadamente provistas por el Estado.
La sociedad argentina parece ser la confirmación de aquello que escribió la novelista autora de Sinsajo, Susanne Collins, sobre los seres humanos, “al fin y al cabo somos seres volubles y estúpidos con mala memoria y un gran don para la autodestrucción”.

Frente a esta realidad suponer llegar al ideal de eliminar los derechos de exportación en lo inmediato no es una utopía, es una idiotez de quienes juegan con la gente. Habrá que convivir con derechos de exportación por un tiempo más. En ese contexto aparece la alternativa de la segmentación, por zonas, por la capacidad
económica de los productores, etc., como también quienes suponen que se pueden reemplazar el impuesto a los productores – derechos de exportación – por el impuesto a las ganancias. Repasemos ambas alternativas.

La alternativa de reemplazar derechos de exportación por impuesto a las ganancias.

Antes de pasar a las propuestas consideradas posibles, es importante aclarar, con el fin de evitar definiciones que no se condicen con la realidad, que no parece serio proponer reemplazar en un corto plazo, los ingresos de los derechos de exportación por impuesto a las ganancias considerando el nivel que puede generar
cada uno.
En 2021, el gobierno que administra el Estado recaudó por derechos de exportación más de ¡10.200 millones de dólares billetes¡ Téngase presente que los derechos de exportación se cobran sobre el precio lleno de venta al exterior, mientras que ganancias es un porcentaje sobre el beneficio final que recibe el productor. A modo de ejemplo una tonelada de soja que se vende al exterior a 600 dólares (billetes) reales tributa de derechos de exportación 198 dólares reales que el gobierno cobra anticipadamente, mientras que al productor que recibe por su soja 380 dólares “oficiales” en pesos por tonelada (unos $41.000), le puede quedar neto (según zona) unos 10/20 dólares oficiales es decir $ 2.000, con lo cual estaría pagando no más de 7 dólares oficiales por tonelada de impuesto a las ganancias, es decir $ 730 y un año más tarde. Pero lo que es más significativo aún, si el productor perdiese plata (es muy probable que esto pase en 2021/22) no pagaría impuesto a las ganancias y el estado igual recaudaría los 198 dólares por tonelada con el sistema de derechos de exportación. Finalmente, y no menor resulta el dato que el sistema operativo para el control y cobro de los derechos de exportación es mucho más sencillo (se controla simplemente al grupo de exportadores) que el control del impuesto a las ganancias sobre el universo de productores. Es decir, técnicamente no se puede discutir que es mucho más razonable un sistema basado en el impuesto a las ganancias en lugar de los derechos de exportación sin embargo en el corto plazo la magnitud del ingreso para el Estado en uno y otro caso no aparecen como posible sustitución de uno por otro. Podemos presumir “del efecto derrame” que tiene el campo sobre el resto de las actividades con las que se vincula, sin embargo, la capacidad de respuesta, a esto que no es más que una presunción, requiere de unos tiempos que ningún administrador del Estado estará dispuesto a asumir más allá de la demagogia que utilicen para obtener votos.

Los derechos de exportación segmentados

Llegado este punto debe señalarse que, en la teoría, todo es posible, la práctica y el conocimiento fáctico luego se encargan de demostrar lo contrario (Todos estos comentarios son válidos si la segmentación se quisiera hacer por zonas de producción o por tamaño de productor)

Porque no sirve la segmentación de los derechos de exportación:

• Las preguntas son:

• ¿Quién administraría el sistema? El gobierno de turno. ¿Hace falta decir algo más? Es que necesariamente, cualquiera sistema de segmentación debe pasar primero por un administrador que recauda y luego devuelve. Ejemplo AFIP. Porque ello es inevitable:

• El mercado es uno solo. Es fácticamente imposible que el “mercado comprador” discrimine por característica del productor. Si lo hiciera, seguramente, tal como ocurre actualmente el mas pequeño o más alejado de la zona de entrega, sería el mas perjudicado. El comprador quiere volumen, calidad y el menor trastorno administrativo posible en la operación.

• Habría varios precios en el mercado, según se vendan 500 toneladas, 1050, 1200, etc.- -Imposible

• ¿Cómo se liquidarían los derechos de exportación? El efectivo pago se hace a través de los exportadores, que pagan por embarque. No se puede discriminar por
el tamaño del productor que esta incluido en ese embarque, sería entre otras cosas engorroso, además de muy difícil control-

• ¿Alguien puede pensar que cada camión de mercadería que se entregue tendrá un tratamiento diferencial en el precio por las características del productor o su zona? Imposible.

• Si la alternativa es pagar todos iguales y que luego el “Estado” lo reintegre. En teoría es lo que estuvo vigente para trigo en los últimos años de Cristina
Fernández y para soja en estos de Alberto Fernández. ¿Cuántos productores cobraron los reintegros?

• ¿Cómo funcionarían los mercados de futuros? En base al precio con el derecho de exportación básico y a partir de allí cada productor hará sus cuentas para saber si le conviene o no hacer una nueva operación según el volumen que ya lleva
operado? Aquellos productores que realicen operaciones de cobertura, que pueden no terminar con la venta efectiva de la mercadería, ¿cómo se contabilizaría ese
volumen?

• Los tonelajes para definir la segmentación por productores, ¿serán acumulativos? Un productor de hasta 500 toneladas de trigo puede acceder a la
devolución. Uno de 501 toneladas queda afuera. Pero si ese productor tiene la posibilidad de producir 400 de trigo, 1200 de maíz y 5000 de soja, accede a la
devolución de trigo, y es, en tamaño mucho mayor que aquel que sólo pudo producir las 501 de trigo y se quedó afuera del beneficio. Por supuesto se trata de
números tomados al azar simplemente para el ejemplo y suponiendo que el límite fueran productores de hasta 500 toneladas de algún grano en particular o todos en
general.

• Dentro de las pautas aquí analizadas, aparece la de “mínimo no imponible” como la más razonable. Estableciéndose dicho mínimo para cada producto. De todas maneras, este sistema tampoco escapa del problema del problema del administrador que recauda
y luego debe devolver.

A todas luces la segmentación de retenciones es una utopía, que sólo sirve para dividir aún más a los productores, pivoteando sobre el desconocimiento práctico de algunos dirigentes.

Derechos de exportación 0: la experiencia de Macri

El gobierno nacional que asumió 10 de diciembre de 2015, dando cumplimiento a unas de sus promesas de campaña, eliminó los derechos de exportación de todos los productos, y solo mantuvo, tal como había prometido los del complejo sojero, disminuyéndolos en 5
puntos.

También debe recordarse que generó otras dos medidas de mayor gravitación que la mencionada. Por un lado, eliminó las restricciones a las exportaciones y, además, abrió el denominado “cepo cambiario”, igualando las posibilidades de todos los sectores de la economía de acceder al mismo tipo de
cambio. (Mas adelante se volverá sobre estas cuestiones).

De esta manera se dejaron establecidas nuevas reglas de juego que le devolvieron al sector agroindustrial parte de la competitividad que le restaban las políticas vigentes durante el gobierno anterior.
Para los productores de granos, la eliminación de los derechos de exportación significó una sensible disminución en la carga impositiva que venían soportando. Como referencia puede señalarse que, en promedio, durante 2015 un productor pagaba de impuesto a las exportaciones el equivalente a 239 dólares por hectárea de trigo, 322 dólares por hectárea de maíz y 475 dólares por hectárea de girasol frente a cero dólares por hectárea que tributó por este concepto en 2016y 2017. En el caso de la soja la reducción de 5 puntos, pasando de 35% a 30%, le significó al productor pasar de pagar 464 dólares por hectárea a 360 dólares por hectárea.

Estos resultados no serían completos si no se mencionaran los inconvenientes que a sectores del consumo interno de estos productos trajo la medida mencionada. Los consumos se vieron afectados en su rentabilidad, profundizando una crisis que tenía su origen en las equivocadas políticas anteriores y en un mercado internacional menos favorable (lechería, pollos, cerdos, etc). Seguramente un sistema escalonado de reducción para todos los productos hubiera sido lo mas aconsejable.

El costo fiscal que tuvo para el gobierno de Mauricio Macri la reestructuración del sistema de derechos de exportación manteniendo solo los de la soja, estuvo en el orden de los 2 mil millones de dólares (suponiendo iguales precios e iguales volúmenes producidos).

Es importante mencionar que durante la etapa de Cristina Fernández de Kirchner la recaudación por derechos de exportación del complejo agroindustrial tuvo un pico anual de 12 mil millones de dólares. La paulatina reducción de los precios internacionales fue reduciendo el ingreso por este concepto.

Sin embargo, luego de un año de gobierno, Mauricio Macri no pudo continuar cumpliendo con su promesa, y la esperada disminución de los siguientes cinco puntos en soja, se canceló y paralelamente frente a los reclamos de sectores de la producción ubicados en zonas marginales, se estableció un sistema de reintegros (segmentación) por zona para aquellos productores del NOA y el NEA hasta un límite de toneladas determinado.

Pero a fines de agosto de 2018, con una inflación desbocada y una devaluación persistente de nuestra moneda, y dentro de los acuerdos con el FMI, teniendo de ministro de agricultura al ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, que durante su etapa de dirigente combatió los derechos de exportación, Mauricio Macri, anunció «Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar que son más exportaciones para fomentar más trabajo. Pero les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte, a los que tienen más capacidad de producir». Y así fue como se volvió a repetir la historia conocida. Otra vez derechos de exportación para los productores agropecuarios.

Para paliar un poco el golpe se puso un límite de 4 pesos por cada dólar exportado (que al cambio de ese momento, con el dólar a 38 pesos, significaba una tasa del 11%), y la soja quedó en 29% para todos. Sin embargo, se pidió al congreso que autorizara al poder ejecutivo para mantener su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020¡

Cómo “premio consuelo” el nuevo gravamen, en un principio se impuso para todos los bienes exportables e importables de la Argentina. Por si hace falta aclararlo, por su peso específico en el intercambio comercial del país los productores agropecuarios fueron los mas perjudicados por esta resolución.

Esta contramarcha del gobierno tenía un objetivo claro: el ministro de Hacienda de entonces, Nicolás Dujovne, dijo que “con las nuevas retenciones se espera recaudar US$7.000 millones para 2019. Solo de esta forma se logrará cumplir con la nueva meta oficial, que ya no es «retenciones cero» sino «déficit cero»

Para el “supermininistro” de entonces el país tenía que reducir su déficit fiscal para poder cumplir con una de las principales condiciones que le impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se comprometía a prestarle US$50.000 millones. Lo que siguió es historia conocida.

Para recordar la historia completa, es importante mencionar que los productores agropecuarios de muchas zonas del país venían soportando una condición climática complicada y que la dirigencia sectorial de entonces solo hizo algunas críticas declamativas pero aceptó sin mayores cuestionamientos las medidas tomadas. De hecho, el propio presidente Macri fue aplaudido de pie, luego de estos anuncios, en el Congreso de CRA que se celebró a los pocos días.

Es cierto, habían cambiado las formas, pero finalmente el resultado era el mismo. La actividad agroindustrial, y en particular, los productores agropecuarios se deberían hacer cargo del mayor costo de los errores de la política que había llegado para cambiar la política.
¿Será por eso de las formas que el gobierno de Alberto Fernández dispuso el nombramiento de Julián Domínguez al frente del ministerio de agricultura?

Una propuesta posible

Considerando la experiencia de los pasados 20 años, y teniendo presente el actual contexto socio- económico del país, y suponiendo
que frente a cualquier planteo que se haga sobre temas vinculados a la reducción de ingresos del gobierno que administre el Estado y por lo tanto sus gastos, va a imponer la cuestión de la gobernabilidad del país como limitante, la solución propuesta debe contemplar todos
estos aspectos.

Con esos condicionantes como ya quedó dicho, el esquema ideal de derechos de exportación 0 y con eventuales reintegros para aquellas producciones que se considere necesario incentivar no es una alternativa posible en el corto plazo, pero si debe ser un objetivo a concretar en un tiempo prudencial.

De esta forma es posible pensar en una estructura arancelaria que permita disminuir 4 puntos porcentuales las alícuotas de derechos de exportación vigentes. En este sistema, los derechos de exportación de productos como el trigo, el maíz y demás cereales que están en el 12%, en tres campañas estarían en 0. Se tomaría la reducción a partir de la campaña 2022/23 de manera que el ciclo 2024/25 estarían en cero todos ellos. En el caso de los productos que tienen 9% como la carne, o menos, su eliminación total sería en 2023/24 y para la soja y sus derivados, se comenzaría de 32% para todos, (se elimina el diferencial) para concluir en 8 años en 0.

Los tiempos son los suficientes como para que todos los sectores se adapten al nuevo sistema, desde el Estado hasta los diferentes
consumos.

En base a los datos de 2021, en donde el gobierno recaudo unos 10.200 millones de dólares por los derechos de exportación, el costo fiscal de este sistema sería de aproximadamente 1.500 millones de dólares anuales (Considerando precios y producción de 2021). Al respecto, cualquier análisis que se haga seriamente adolece de la limitación de que es simplemente una estimación condicionada a factores tales como el clima, etc., en función de ellos preferimos mantener las variables de 2021 para tener una comparación adecuada con la situación vivida. Sin embargo, es de presuponer que los precios internacionales sean inferiores, pero también que los volúmenes que comenzarían a producirse dentro de este esquema serían superiores.

Como referencia puede mencionarse que para la primera campaña que se aplique este sistema, el nivel de recaudación por derechos de exportación será el doble del obtenido en 2018 (momento en que Macri reimplantó lo derechos de exportación) y al cabo de tres años, cuando queden vigente solamente los gravámenes a la exportación del complejo sojero, la recaudación sería similar a la de los años 2016/2018, es decir entre 4.000 y 6.000 millones de dólares.

Los derechos de exportación no son el problema principal

Como ya fuera dicho, en su momento la administración de Mauricio Macri tomó otras dos medidas, además de la modificación en los derechos de exportación, cuya importancia hoy adquiere una mayor dimensión que entonces.

Por un lado, la liberación de las exportaciones, anulando cualquier intervención. La experiencia ha demostrado que esta medida no puso
en riesgo el abastecimiento interno ya sea por cuestiones de cantidad y/o precio. Y que por otra parte cada que se tomó una medida de este tipo se perjudicó a los productores y a los consumidores, en beneficio de los sectores más concentrados de la cadena. Es por ello que el Congreso, debería aprobar alguna normativa que limite al máximo esta posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo.

Pero el principal problema que hoy enfrenta el productor argentino, y, en general, el conjunto de la economía argentina, es la distorsión cambiaria producida por la existencia del cepo para la negociación de moneda extranjera.

Cuando un productor de maíz de la Argentina cobra por su producto el 45% del precio al que se exporta, o el 41% del trigo o el 36% de la soja, la mayor parte del diferencial que se le quita no son los derechos de exportación (12%, 12% y 31% respectivamente) si no que es consecuencia de la distorsión que se produce en la relación del tipo de cambio entre el precio oficial y el del mercado legal.

Esto es consecuencia del cepo, diferencial que es retroalimentado por la desconfianza que los agentes económicos vuelcan hacia la
política económica del gobierno de turno.

La experiencia del gobierno de Macri, demuestra que este grave problema amerita también una salida gradual y requiere de una estrategia consensuada por todos los sectores de la economía.