Un 80% del ajuste fiscal previsto en el presupuesto es explicado por suba de impuestos y menor inversión pública

La reducción importante de gastos queda para más adelante

23/09/2018 | 6:00

Para llegar al objetivo de un déficit primario cero el año próximo, el sector público nacional necesita lograr ahorros equivalentes a 2,6% del PIB. Entre derechos de exportación y la suspensión de la baja de contribuciones patronales se conseguirían 1,3% del PIB, mientras que el recorte en la inversión pública sería de 0,56% del PIB por el lado de Nación, y una fracción adicional del lado de provincias (ver cuadro). Es clave que estas medidas resulten transitorias, aplicables a la emergencia.

La presión tributaria nacional, que había iniciado un ciclo descendente de 2015 a 2017, subiría de 24,4% del PIB el año pasado a 25,2% en 2018 y a 26,2% en 2019. De todos modos, el gasto primario habrá descendido cerca de 4 puntos del PIB entre 2015 y 2019, aunque todavía 5 puntos por encima del nivel de 2007.

Las erogaciones en subsidios económicos se habrán achicado de 4,9% del PIB en 2014 a 1,7% en 2019, mientras que este año se está produciendo un importante ajuste del gasto salarial del sector público nacional, del orden de los 0,3 puntos del PIB.

De acuerdo al nuevo esquema fiscal, las necesidades de financiamiento de  2019 quedarían plenamente cubiertas con desembolsos del FMI del orden de los 20.000 millones de dólares, percepción que ha contribuido en los últimos días a un significativo descenso de la tasa de riesgo país.

 

Cambios tributarios

Los principales cambios tributarios anunciados y/o que actualmente se discuten son los siguientes:

  • Eliminación de exenciones impositivas: se eliminarán las exenciones que existían en el impuesto a las Ganancias para empleados públicos de algunas provincias y para algunos regímenes especiales, como el de los petroleros. No está previsto que este cambio incluya a los judiciales. También comenzarán a tributar Ganancias las mutuales y las cooperativas de préstamos y seguros.
  • Impuesto al cheque (débitos y créditos bancarios): Podría quedar en suspenso el aumento del pago a cuenta de Ganancias. Actualmente las empresas pueden tomar un 34% del tributo en ese concepto, pero el año que viene debía aumentar hasta el 50% para llegar gradualmente al 100%, según estaba previsto en la reforma tributaria.
  • Sellos: la reducción que las provincias debían aplicar a partir del año que viene también queda suspendida (implicaba pasar de una alícuota del 0,75% al 0,5%). Así fue ratificado en la última reunión con gobernadores. No figura nada de esto en el proyecto de Presupuesto 2019 porque se trata de un tema estrictamente de índole provincial, pero es una concesión otorgada por el Gobierno, sin que implique un incumplimiento del Pacto Fiscal.
  • Ajuste por inflación: se dará marcha atrás con la decisión de permitirles a las empresas actualizar sus balances por inflación para reducir el pago de Ganancias.
  • Bienes Personales: si bien el proyecto de Presupuesto 2019 no dice nada sobre una eventual modificación de este gravamen, podrían producirse modificaciones. Lo que se implementaría sería gravar con una alícuota del 1% anual a quienes poseen bienes (ya sea cuentas o inmuebles) en el exterior. Para el resto del patrimonio se mantendría la alícuota del 0,25% anual.
  • Ingresos Brutos: se mantendría la rebaja de Ingresos Brutos en las provincias que se había comprometido el año pasado para aplicar en 2019, además de lo ya ocurrido en 2018.
  • Contribuciones patronales: Se discutió si el año entrante seguiría adelante la suba del mínimo no imponible para las contribuciones patronales.
  • Impuesto a las Ganancias. Se mantiene la disminución ya vigente este año de una alícuota del 35% al 30% para las personas jurídicas, siempre y cuando las utilidades sean reinvertidas.
  • Retenciones. Se impone un derecho de exportación equivalente a $4 por dólar para las exportaciones de productos primarios y los servicios y de $3 por dólar para el resto de las exportaciones. Además, el proyecto de Presupuesto deja abierta la puerta para que el Poder Ejecutivo aumente los derechos de exportación hasta el 33% si fuese necesario.

 

 

Fuente: Ieral